Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

sábado, 9 de julio de 2011

En marzo de 1990 el general Pinochet, de acuerdo a los resultados de la elección realizada tres meses antes, entregó el mando supremo del país a Patricio Aylwin, el candidato vencedor, que representaba a la Concertación, la coalición de partidos que se había opuesto a la dictadura militar en sus últimos años. Esa alianza estaba compuesta por el PS y la DC, los antiguos rivales durante la UP, y también por un nuevo partido, el PPD (Partido por la democracia), los radicales y los socialdemócratas, que últimamente se han fusionado. El PC, el antiguo aliado de los socialistas, quedó aislado y obtiene bajos porcentajes en las elecciones, sin lograr elegir parlamentarios, en parte a causa del sistema binominal.

Esta alianza ha tenido éxito, al ganar todas las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, desde 1989 hasta hoy. Después del gobierno de Aylwin (de 1990 a 1994), el poder pasó a manos del demócratacristiano Eduardo Frei (hijo del anterior), quien gobernó desde 1994 a 2000, al socialista Ricardo Lagos, quien gobernó entre 2000 y 2006, y últimamente, a la socialista Michelle Bachelet, primera mujer en ejercer ese cargo en Chile. Tal como Lagos, su triunfo se logró tras pasar a la segunda ronda, en enero de 2006, derrotando a Sebastián Piñera, el candidato de la derecha, ya que en la primera no había alcanzado la mayoría absoluta. Su mandato fue más corto que el de sus antecesores, ya que una reforma constitucional fijó en cuatro años la duración del gobierno.

Durante los primeros dos gobiernos de la Concertación, las relaciones entre civiles y militares fueron tensas. Pinochet, que seguía como comandante en jefe del ejército, ordenó en dos ocasiones maniobras militares en pleno centro de Santiago, en 1990 y 1992, para protestar contra ciertas medidas del gobierno, una de las cuales implicaba investigar a su hijo mayor, acusado de prevaricación. Esas amenazas surtieron éxito, ya que la investigación fue abandonada. Los militares criticaron al presidente Aylwin por haber ordenado el Informa Rettig sobre la violencia durante la dictadura. Otros sucesos que tensionaron esos años fueron el asesinato del ex consejero de Pinochet, Jaime Guzmán, por obra de un comando de izquierda, en 1991, y el atentado contra el ex general Gustavo Leigh (que quedó herido de consideración). Y desde entonces, cada conmemoración del día 11 de septiembre ha dado lugar a sucesos violentos, en Santiago y otras ciudades, a veces con víctimas fatales.

A partir de 2000, Pinochet perdió considerablemente su influencia en la vida política, tras su arresto en Londres en 1998, gracias al juez español Baltazar Garzón, y su posterior enjuiciamiento en Chile.
Pinochet perdió su fuero o inmunidad parlamentaria, debiendo enfrentar un juicio por su responsabilidad en varias de las matanzas cometidas bajo su gobierno, pero el juicio quedó detenido por razones de salud.
Aunque el dictador murió en diciembre de 2006 sin haber sido enjuiciado, su imagen resultó muy deteriorada, sobre todo después que se dio a conocer la existencia de una cuantiosa fortuna personal fuera de Chile, en 2004.

Aunque no toda la herencia de la dictadura ha sido cambiada, hubo otros progresos. En 2004 se reformó la Constitución de 1980, aboliéndose varias de las disposiciones impuestas por Pinochet antes de entregar el mando a los civiles: la existencia de senadores designados (cuatro de ellos eran militares) y los vitalicios (Pinochet era uno de ellos). El presidente recuperó la capacidad de destituir a los jefes de las fuerzas armadas. En cambio, no se ha modificado el sistema electoral binominal, que sigue siendo muy poco representativo. Ha habido ciertos avances en materia de derechos humanos. En 1991 se dio a conocer el informe Rettig, que identificaba a las víctimas de la dictadura, pero no a los responsables de los crímenes. En 2001 los militares se vieron obligados a reconocer que muchas personas habían sido muertas y desaparecidas, a veces lanzadas al mar, aunque sin identificar a los responsables de esos crímenes. En 2004 se dio a conocer el Informe nacional sobre la tortura, que estableció claramente que esa práctica no había sido obra de algunos individuos aislados, sino que había sido hecha en forma sistemática por los militares, lo que tuvo un fuerte impacto en la opinión pública. Se dio además una compensación material a las víctimas de la tortura. Al mismo tiempo, gracias a ese nuevo contexto, se enjuiciaron y condenaron a algunos oficiales culpables de diversos crímenes. Entre los condenados más conocidos figura el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (Dirección nacional de inteligencia), que sigue en prisión desde 1995. Sin embargo, a menudo la Corte suprema rebaja las penas pronunciadas contra otros militares declarados culpables de crímenes, y hoy en día aún hay causas pendientes y casos sin resolver.



Si estos progresos fueron lentos, esto se debe en parte a que los antiguos partidarios de la dictadura mantienen un peso político importante, ya que los partidos de la derecha, que han adoptado nuevos nombres (Renovación nacional y Unión Democrática independiente) mantienen una votación elevada y constituyen una oposición numerosa en el congreso, impidiendo la aprobación de leyes que reformarían la Constitución, que requieren más que una mayoría simple. Sin embargo, la Concertación insistió poco en esas reformas, prefiriendo dedicarse a estimular el crecimiento económico y destacando la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional, para borrar la herencia de la dictadura.

La “Concertación” tuvo éxitos en el plano económico, ya que durante la década de 1990 el PNB del país creció a un promedio de 6% anual, el mejor resultado de un país latinoamericano, y uno de los más sobresalientes del mundo. La estrategia seguida era muy semejante a la heredada de la dictadura, ya que las exportaciones han seguido siendo el motor de la economía. Chile ha pasado a participar en varios mercados regionales: es miembro asociado del Mercosur, participa en las reuniones de la APEC (Asociación de Asia-Pacífico), apoyó con entusiasmo el proyecto de ALCA (integración de las Américas) y ha firmado tratados de libre cambio con Canadá, con la Unión europea, con Estados Unidos y con China. La empresa privada, tanto nacional como extranjera, continúan dirigiendo las principales actividades. Su esfera se ha ampliado, ya que la Concertación ha seguido privatizando servicios, como el agua potable y la construcción de carreteras. Han llegado muchos capitales extranjeros, de EE.UU., Canadá y España, sobre todo a las minas y a los servicios. La cesantía alcanzó un nadir de 5,5%, en 1997. Esta prosperidad ha hecho aumentar el ingreso anual de los chilenos, que pasó de 2,000 dólares p.c. a 5,000 ( o a más de 9,000 si se calcula en términos de poder de compra). Entre2001 y 2003 el crecimiento disminuyó un tanto, bajando a 3,5 y 4%, para repuntar ligeramente en 2005 y 2006. La cesantía llegó a alcanzar cerca del 10% entre 2001-2003 pero en 2006 ha bajado al 7,5%.

Pese a los progresos de la economía, se mantienen grandes desigualdades en la distribución del ingreso y hay unanimidad en todos los partidos para criticar el bajo nivel de la educación pública, una de las principales causas del mantenimiento de las desigualdades. Durante abril y mayo de 2006 hubo grandes manifestaciones de escolares exigiendo una reforma de la educación, lo que está actualmente en estudio.
Los gobiernos concertacionistas tuvieron además que enfrentar las protestas de los indios mapuche, que reivindican desde hace años el reconocimiento constitucional y piden la recuperación de tierras actualmente ocupadas por empresas forestales. Desde los años 2000, los presidentes Lagos y Bachelet decidieron emplear la ley antiterrorista contra los activistas mapuche, decisión que ha sido muy criticada dentro y fuera de Chile.

En el plano social, el país ha cambiado. Los resultados del censo de población de 2002 indican que el crecimiento demográfico se ha frenado considerablemente, y que Chile está hoy entre los países de más baja natalidad de América latina, junto a Cuba y Uruguay. La población supera ligeramente los 15 millones de habitantes, y es urbana en casi 90%. Se calcula que cerca de un millón de chilenos viven fuera del país (de ellos, 30 000 residen en Canadá); a aquellos que salieron bajo la dictadura, y que han regresado sólo en parte, se han añadido otros, que siguen saliendo por razones de trabajo. Los católicos siguen siendo mayoría entre los creyentes, pero en menor porcentaje, ya que el número de adherentes a las iglesias evangélicas ha aumentado bastante. La relativa prosperidad chilena atrae a gente de países vecinos: hay alrededor de 50 000 peruanos viviendo en Chile, muchos de ellos ilegalmente, y también varios miles de profesionales ecuatorianos, argentinos y cubanos. Pese a la gran apertura internacional que el país ha vivido, las mentalidades siguen siendo más bien conservadoras: Chile fue el último país occidental en aprobar una ley de divorcio, en el año 2005, y los planes del gobierno de distribuir gratuitamente medicamentos que impiden el embarazo ("píldora del día después") ha encontrado fuerte resistencia de parte de grupos de católicos, aunque la mayoría de la opinión pública está de acuerdo con el programa.

Pese a la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet (los sondajes durante su último año en el poder indicaron que tenía más de 80% de aprobación) la Concertación perdió la elección presidencial de diciembre 2009, que fue ganada por Sebastián Piñera, hombre de negocios multimillonario, candidato de la "Alianza por Chile" (formada por los dos partidos de la derecha, RD y UDI). La coalición de gobierno presentó como candidato al ex presidente Eduardo Frei. Así, la derecha volvió al poder por primera vez desde el final de la dictadura. Su victoria (que fue estrecha: 51% contra 48% en la segunda vuelta) se explica por diversos factores: divisiones internas dentro de los partidos de la Concertación, acusaciones de corrupción contra diversos funcionarios de gobierno (algunas comprobadas), descontento de la población de Santiago con la implantación del nuevo sistema de transporte en la capital, que ha tenido muchas dificultades de funcionamiento, y la negativa de los partidos de la Concertación de organizar un sistema más democrático para elegir al candidato presidencial. A nivel de los programas, no había grandes diferencias entre los dos principales candidatos. Esto provocó la dispersión del voto favorable al gobierno, ya que surgió un tercer candidato, un diputado que abandonó el partido socialista, Marco Enríquez-Ominami (hijo el antiguo líder del MIR, Miguel Enríquez), que obtuvo el 19% de la votación. Otro ex socialista, Jorge Arrate, se presentó como candidato apoyado por el partido comunista,obteniendo un poco más del 7% de la votación. En la elección parlamentaria, los partidos de la Concertación lograron sin embargo un resultado más favorable, de modo que las fuerzas del gobierno y de oposición se encuentran prácticamente igualadas. Al llegar el Bicentenario, Chile se enfrenta a un panorama político mucho más tranquilo que en 1990, pero incierto en cuanto a sus proyecciones futuras.

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